28/05/2026
Activista guerrerense presenta denuncia ante la CPI contra 9 alcaldes por violencia y desplazamiento en la Montaña Baja de Guerrero
La Haya, Países Bajos.– La activista y defensora de derechos humanos indígena ñomndaa, Marcela de Jesús Natalia, originaria del estado de Guerrero, presentó una comunicación ante la Corte Penal Internacional en la que solicita la intervención del organismo internacional ante la situación de violencia que, asegura, persiste en comunidades de la Montaña Baja, hecho que a su consideración es permitido por nueve alcaldes.
En el documento entregado en instancias internacionales, la activista expone hechos que, según su planteamiento, podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos desplazamiento forzado, homicidios, amenazas, desapariciones y actos de persecución contra población civil indígena en distintos municipios de la región.
Asimismo, el escrito señala como presuntos responsables a integrantes del grupo delictivo conocido como “Los Ardillos”, además de referir a autoridades estatales y municipales dentro del contexto de la crisis de seguridad en la zona.
De manera particular, el documento también incluye a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, y a la presidenta municipal de Chilapa de Álvarez, Mercedes Carballo Chino, así como a otros alcaldes de la región que, según la comunicación, habrían expresado respaldo institucional a la edil de Chilapa.
Entre ellos se mencionan los presidentes municipales de José Joaquín de Herrera, Micaela Manzano Martínez; Zitlala, Khali Areli Ramos Decena; Acatepec, Ángel Aguilar Romero; Tixtla, Alberto Michi Campos; Quechultenango, David Astudillo Morales; Ahuacuotzingo, Pedro Reyes Ojeda; Mochitlán, Gerardo Mosso López; Mártir de Cuilapan, Jesús Vázquez García, y Atlixtac, Guillermo Matías Marrón.
La activista sostiene en su denuncia que la persistencia de la violencia, sumada —según su dicho— a la falta de resultados efectivos en las investigaciones a nivel nacional, ha generado condiciones que justifican la intervención de instancias internacionales para garantizar justicia a las comunidades afectadas.
El documento añade que, pese a los anuncios oficiales sobre estrategias de seguridad, no se observan avances sustanciales en el acceso a la justicia ni en la protección efectiva de la población indígena de la región.
