07/04/2026
SIMÓN MUÑOZ CONTRA EL SILENCIO: EL CASO QUE EXPONE LA JUSTICI4 ROT4 EN CHIAPAS
Chiapasenlamira.com
Cintalapa; Chiapas 6 de abril de 2026
Hay historias que no deberían existir. Pero existen. Y cuando alguien decide contarlas, el sistema tiembla… o se incomoda.
Simón Muñoz no es activista, no es político, no es líder social.
Es un hermano. Un ciudadano que, como miles en Chiapas, entendió demasiado tarde que el silencio también encarc3la.
Desde el 13 de octubre, su vida cambió. Ese día, un operativo encabezado por la llamada Fuerza de Reacción Inmediata Pakal —un grupo que presume combatir al crim3n— irrumpió con viol3nci4 en comunidades de Cintalapa.
Buscaban delincu3ntes ligados a n4rcobl0qu3os registrados en puntos clave del estado: Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Villaflores.
Pero lo que encontraron —o decidieron encontrar— fue otra cosa.
Horas después de ese despliegue, los llamados “Pakales”, junto con la Fiscalía General del Estado, entraron al rancho Los Maximilianos. De ahí se llevaron a Camerino y Daniel Muñoz.
No hubo orden pública clara. No hubo explicación inmediata. Hubo golp3s, hubo am3n4zas, hubo mi3do.
Según la versión de la familia, fueron t0rtur4dos, s0metidos, oblig4dos. Subidos a vehículos oficiales y trasladados a Tuxtla Gutiérrez como si fueran trofeos de gu3rra en un operativo que, hasta hoy, sigue lleno de sombras.
Ahí comenzó el verdadero infi3rno.
Recorridos interminables entre fiscalías, puertas cerradas, respuestas evasivas.
La incertidumbre convertida en rutina. En ese camino, Simón se encontró con un plantón de madres buscadoras. Mujeres que llevan años buscando justicia en un estado que parece haber olvidado cómo impartirla.
Fue con ellas que su voz dejó de ser un susurro.
La denuncia se hizo pública. Hubo transmisión en vivo. Hubo presión. Y entonces, como si la justicia respondiera solo cuando hay cámaras, la Fiscalía confirmó que sí, que los tenían.
Pero ya era tarde.
Simón logró verlos. Y lo que encontró no fue justicia: fue evidencia de viol3ncia. G0lp3s, marc4s, mi3do en los ojos.
Testimonios que, según afirma, ya están en manos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Una comisión que, en el papel, debería proteger.
Pero en la realidad, guarda silencio.
Desde entonces, todo ha sido una cadena de puertas cerradas. Pruebas desechadas. Argumentos ignorados. Un sistema estatal que no resolvió… y que empujó el caso a tribunales federales, como quien se lava las manos.
Hoy, Camerino y Daniel siguen detenidos en el Centro de Reinserción Social “El Amate”, en Cintalapa. Han pasado más de 170 días privados de su libertad.
Más de 170 días en los que su familia sostiene la esperanza con videos, con transmisiones, con la rutina del rancho convertida en resistencia.
Más de 170 días en los que Simón Muñoz ha decidido no callar.
Porque aquí no solo se juega la libertad de dos personas.
Se juega algo más profundo: la credibilidad de un sistema que habla de “cero impunidad” mientras acumula historias de injusticia.
El caso llegó incluso a la agenda nacional. Fue mencionado en el contexto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La respuesta: “se va a investigar”.
Una frase que en México suele significar lo mismo: esperar… sin garantías.
Mientras tanto, en Chiapas, el discurso del “humanismo” contrasta con la realidad de familias que viven con m!edo, que dudan en denunciar, que saben que alzar la voz puede costar caro.
Simón lo dijo claro: tenía miedo. Pero eligió hablar.
Y esa decisión —en un estado donde el silencio es regla— ya es un acto de resistencia.
Hoy, todo está en manos de un juez federal. Una resolución que podría cambiar la medida cautelar y devolverles la libertad.
O confirmar lo que muchos ya temen: que en Chiapas, la justicia no es ciega… es selectiva.
Porque cuando el Estado falla, no solo encarc3la cuerpos.
Encierra verdades.
Y la pregunta queda abierta, incómoda, necesaria:
¿Cuántos más?
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