01/12/2020
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Personas ajenas al proyecto minero Río Blanco, ubicado en la parroquia cuencana de Molleturo, en Azuay, sacan material rocoso que contiene oro y plata sin autorización. Ecuagoldmining está a cargo de esta concesión, pero se vio obligada a dejarla en mayo del 2018 por una resolución judicial. Desde entonces, los trabajadores de esta firma que tiene capitales de China y de Hong Kong no han podido ingresar al campamento minero. Por esto, tras un año y ocho meses que estuvieron sin operar, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para iniciar conversaciones amistosas con el Estado. Un grupo de moradores de la parroquia Molleturo también denunció hace dos meses en la Fiscalía del Azuay, la presencia de supuestos mineros ilegales en las inmediaciones del campamento del proyecto. Carlos Morales, presidente del Gobierno Parroquial de Molleturo, aseguró que hay personas que están sacando el material mineralizado y que “entre esos están exobreros de la minera”. En mayo del 2018, en la canchamina (zona de almacenamiento de la concesión) se contaba, por ejemplo, con alrededor de 1 500 toneladas de material mineralizado, obtenido en el proceso de construcción del túnel de la mina. En la zona se quedaron también los equipos que se emplearon para construir parte de esta infraestructura. Entre estos, dos perforadores que se usaron para hacer el túnel; dos cargadoras de mina, que transportaban el material; y una cargadora frontal, que es parecida a una pala mecánica. Pero, según una denuncia presentada en Fiscalía por la empresa, estos equipos fueron sustraídos en camiones a inicios de este mes por supuestos grupos de minería ilegal que operan en la zona del proyecto. Esta es la segunda vez que Ecuagoldmining recurre a instancias judiciales. En octubre del 2019 pidió una investigación cuando los opositores de este proyecto quemaron el campamento, dentro de las protestas en contra del alza de los combustibles Fernando Benalcázar, quien estuvo al frente del Viceministro de Minas hasta hace un mes, expresó que en Río Blanco existen todas las características para que en esta zona se desarrolle minería al margen de la Ley, como ha ocurrido en Buenos Aires (Imbabura) o en Balzar de Los Ajos (Esmeraldas). “Basta que se cierre la puerta a la minería legal, mediante una acción judicial, para que se abran las dos puertas para el desarrollo de actividad minera informal”, precisó Benalcázar. La Cámara de la Minería de Azuay mantiene conversaciones con la Gobernación y la Policía para que se retome el control estatal de la zona. El área ahora está en manos de un grupo de personas “que decide quién ingresa y quién no”, refirió Patricio Vargas, presidente del gremio. En junio pasado, incluso, la Policía denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados, que patrullaban en el sector. Los policías fueron amenazados de muerte y agredidos físicamente. El patrullero fue incinerado y arrojado por un precipicio. Ayer se tenía prevista una reunión para tratar la falta de seguridad en Molleturo, dijo el gobernador azuayo, José Jaramillo. Los resultados se podrán conocer hoy, señaló. Mientras tanto, Morales dijo que la minera Ecuagoldmining debe cumplir con las órdenes judiciales que impiden que reanude operaciones. Además, se debe esperar los resultados de la consulta popular que se realizará más adelante en el cantón Cuenca, sobre las actividades mineras en zonas aledañas a las fuentes hídricas. Los grupos que se oponen a la minería en esta zona y que impulsaron el proceso judicial en contra del proyecto han cuestionado que en Río Blanco no se ha hecho una consulta previa en las comunidades y que esta mina afecta a las fuentes de agua de esta zona. Por su parte, Ecuagoldmining ha señalado que no se ha demostrado esa supuesta contaminación, ya que su proyecto está en zonas bajas y no afecta a recursos hídricos. Además, que con la consulta popular de febrero del 2018 se solventó el pedido de consulta previa. Todo esto ha generado tensiones. Por esto, tras un año y ocho meses que estuvieron sin operar, la minera presentó a inicios de este año una solicitud para iniciar conversaciones amistosas con Estado. Este es un paso previo a la presentación de un arbitraje. Ecuagoldmining demanda la falta de seguridad jurídica y del orden público para desarrollar sus actividades. El perjuicio, según ha dicho la firma, es de USD 480 millones, por no poder operar en el proyecto y por el lucro cesante. El proyecto minero está paralizado dos años y seis meses Mayo del 2018 Un grupo de personas que se opone a la actividad se tomó el campamento de Río Blanco. Obreros de Ecuagoldmining se vieron obligados a dejar el proyecto. Octubre del 2019 El campamento de este proyecto minero fue quemado en el marco de las protestas que se realizaron, para rechazar el alza del precio de los combustibles. Junio del 2020 La Policía Nacional denunció que supuestos antimineros emboscaron a cinco uniformados y quemaron el patrullero, mientras realizaban un operativo en la zona. Noviembre del 2020 La maquinaría que se tenía en el campamento minero fue sacada en camiones. La firma puso una denuncia en la Fiscalía. La primera se interpuso en octubre del 2019.
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