13/05/2026
Una reflexión fundamentada más en la realidad operativa que en la teoría abstracta.
El debilitamiento del derecho penal contemporáneo responde a lo que considero una estrategia deliberada de disfrazar la impunidad con eufemismos de benevolencia. Pareciera existir una corriente global que intenta "humanizar" el delito a costa de desproteger a la sociedad.
Una contradicción entre la sentencia dictada y su ejecución efectiva.
En el caso del homicidio doloso, nuestro Código Penal establece una pena de prisión clara. Sin embargo, tras la sentencia, comienza un proceso que desvirtúa la justicia:
La ejecución de la pena: Se fragmenta bajo una óptica garantista que busca, por todos los medios, reducir el tiempo de reclusión, asumiendo que la privación de libertad es un obstáculo para la rehabilitación.
El enfoque resocializador: Se victimiza al infractor bajo el argumento de que es un "producto del entorno social". Bajo esta premisa, se priorizan sus derechos y libertades por encima del castigo impuesto, debilitando la autoridad del Estado.
Considero que si una sanción se establece en un número determinado de años por un delito tan grave como el sicariato, el cumplimiento debe ser íntegro. La justicia no puede quedar supeditada al arrepentimiento subjetivo, conversiones religiosas o buena conducta. El principio debe ser claro: quien infringe la ley, asume la consecuencia total.
La verdadera resocialización no debe ser una alternativa a la pena, sino un producto de ella. Una ejecución penal rigurosa y no negociable debería integrar:
• Cumplimiento total: Eliminación de beneficios procesales que reducen las condenas por delitos graves.
• Régimen de autosuficiencia: El interno debe trabajar y estudiar de manera obligatoria. El infractor no solo debe cumplir su tiempo, sino producir para costear su estancia en prisión y aportar al sustento de su familia, convirtiéndose en parte del crecimiento económico y no en una carga.
Actualmente, el Derecho Penal está debilitado porque ha trasladado la carga del delito a la sociedad civil. Mientras los criminales gozan de consideraciones excesivas, la ciudadanía honesta asume el costo económico del sistema carcelario y vive bajo una amenaza constante. Es imperativo que el sistema recobre su valor y su fuerza; es momento de sanear la estructura jurídica y devolverle al castigo su función de justicia y orden.
