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30/07/2026

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29/07/2026

La revelación de que organizaciones no gubernamentales chilenas viajaron a Estados Unidos a denunciar supuestas prácticas de trabajo forzoso en la salmonicultura —en el marco de las mismas audiencias que derivaron en el arancel del 12,5% a las exportaciones nacionales— abre una pregunta incómoda sobre quién decide el destino productivo de los territorios. Este texto sostiene que el problema no está solo en los datos que se presentaron ante organismos internacionales, sino en la seguridad con que grupos que nunca han recorrido estas tierras se atribuyen el derecho a definir de qué vive la gente en zonas extremas como Magallanes.

El reclamo central es la ausencia de contrapropuesta: se exige cerrar, prohibir y sancionar, pero no aparecen planes de diversificación capaces de absorber los miles de empleos directos e indirectos que sostienen a familias en la Patagonia, ni alternativas reales para el trabajador, el pequeño proveedor o los jóvenes que buscan trabajo en su propia tierra. Decidir sobre el sustento de los magallánicos desde salones lejanos, sin rendir cuentas a la ciudadanía local, se plantea aquí como una forma de colonialismo interno. La región no pide menos exigencia: pide fiscalización rigurosa, estándares ambientales y laborales de nivel mundial y un Estado eficiente, junto con el derecho a decidir su propio desarrollo.

Editorial de Zona Zero. Léela completa en zonazero.cl 🔗

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