09/12/2019
COMUNICADO del CENTRO UNIVERSITARIO de SAN MARTÍN / UNSAM de PROVINCIA de BUENOS AIRES
A partir del 4 de diciembre, se está llevando a cabo una huelga de hambre pacífica y colectiva en diferentes unidades penitenciarias del ámbito provincial y federal. Para comprender las causas de la medida creemos necesario poner esta situación en el marco de un contexto más general.
La declaración de la emergencia en materia penitenciaria a nivel nacional (Resolución 184/2019 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), con efectos en los sistemas penitenciarios de todo el país, es el reconocimiento de un fracaso de gestión y el desconocimiento manifiesto en torno a la problemática carcelaria en nuestro país. La superpoblación, que es el argumento central de la declaración, es producto de una política criminal orientada notoriamente por el aumento de medidas represivas y el endurecimiento de las reglas de encarcelamiento y excarcelación, que identifica a las prisiones como la única solución para contener el delito y trae como consecuecia altos índices de violencia, marcado hacinamiento y limitaciones en todo tipo de actividad vinculada al tratamiento de las personas privadas de su libertad. Esta situación tampoco fue acompañada por políticas de inversión en infraestructura y servicios tendientes a asegurar las condiciones mínimas de habitabilidad, al tiempo que profundizó el deterioro y la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores de la fuerza penitenciaria.
Diferentes causas explican este contexto: el aumento de delitos contra la propiedad a partir del modelo socio-económico de la gestión de gobierno nacional y provincial, la ampliación de las facultades policiales para detener (si bien la ley de flagrancia existe en la provincia desde el año 1998, su reglamentación a nivel nacional en 2017 ha revitalizado su aplicabilidad a nivel local), las reformas legislativas que tienden al endureciemiento y la prolongación de las p***s, y fundamentalmente una política judicial (compartida por fiscales y jueces) tendiente a restringir el otorgarmiento de libertades y beneficios orientadas hacia una profundización en general de las prácticas represivas (en la línea de lo propuesto por los lineamientos en seguridad de los respectivos poderes ejecutivos).
La situación penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires es dramática e inviable. La superpoblación se suma a problemas estructurales e históricos de esta particular institución. Las prácticas de tortura y malos tratos constituyen hechos complejos y cotidianos en las cárceles de nuesto territorio. La desatención de la salud integral y la mala alimentación provoca enfermedades y padecimientos que dejan marcas irreversibles en la vida y los cuerpos de las personas. Estos hechos no se producen por simple desidia sino que están sustentadas en decisiones institucionales que, por acción u omisión, los integran como forma de gobierno de la cárcel.
Es fundamental transmitir una política penitenciaria de respeto a los Derechos Humanos y el trabajo en el cumplimiento de la ley de ejecucicón vigente, atentendiendo a la incorporación de un programa efectivo respecto a la progresividad de la p***s. Esta iniciativa incluye efectuar relevamientos sociales regulares y sistemático, no sólo cuantitativos sino y fundamentalmente cualitativos, evitando transpolar modelos investigativos diseñados en el marco de otros contextos carcelarios y pensados desde los países centrales.
Una política criminal, enmarcada en un Estado democrático y social de derecho, debe garantizar la plena vigencia de los derechos humanos previstos en nuestra Constitución Nacional, que orientan y ordenan las políticas y prácticas de las diferentes instituciones estatales.
Hablamos desde nuestra experiencia de catorce años de trabajo con una propuesta superadora de ciertas divisiones y prejuicios, como es sabido, en el Cusam estudian tanto detenidos como agentes del servicio penitenciario. Por ello nos permitimos reconocer también que, durante estos años, en la contención de esta situación de emergencia general, los trabajadores del servicio penitenciario tuvieron un rol imprescindible. Es necesario levantar la mirada y tener un planteo integral, que incluya el aporte de todos los actores, para avanzar los próximos años en un horizonte común.
