10/12/2024
En el Día Internacional de los Derechos Humanos y en el 41º aniversario de la recuperación de la democracia en Argentina, entendemos que la lucha por los derechos y las libertades es una tarea permanente.
Este esfuerzo colectivo nos exige estar alerta frente a los intentos de vulnerar las conquistas que, como sociedad, hemos logrado a lo largo de décadas a través de políticas públicas del Estado Nacional. Pues, la defensa de los derechos inalienables de los seres humanos, sin importar su color, religión, s**o, idioma o ideología, es un compromiso irrenunciable para construir un presente y un futuro digno e inclusivo.
Sin embargo, la llegada del gobierno de Javier Milei a la Casa Rosada plantea serias amenazas a este consenso democrático. Este gobierno ha relativizado el terrorismo de Estado, desarticulado organismos estatales de Derechos Humanos generando señales de afinidad hacia los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. En una de las manifestaciones más alarmantes de esta postura, un grupo de diputados oficialistas visitó en prisión a represores de la última Dictadura Militar, consolidando una nueva y preocupante relación con el pasado reciente. Estas acciones no solo ponen en jaque el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, sino que también debilitan el tejido democrático construido durante las últimas décadas.
La vicepresidenta Victoria Villarruel representa otro frente en este retroceso. Con una trayectoria que reivindica la acción militar durante los años de la dictadura y un discurso que promueve la idea de una “memoria completa”, trabaja activamente para deslegitimar los juicios por crímenes de lesa humanidad reabiertos en 2006. Su militancia busca equiparar la responsabilidad de los sobrevivientes de organizaciones político-militares de izquierda con la de quienes implementaron el aparato represivo del Estado, una narrativa que erosiona los avances logrados en materia de justicia.
El gobierno de Milei no solo busca revalorizar públicamente a los uniformados involucrados en crímenes de lesa humanidad, sino también ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, algo vedado desde la restauración democrática para evitar repetir las atrocidades del pasado. Simultáneamente, se debilitan organismos públicos esenciales que sostuvieron el clamor del Nunca Más, pilar fundamental del Juicio a las Juntas en 1985.
A pesar de este contexto político adverso, los juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura no se han detenido. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, hay actualmente 13 procesos en curso, con 1.187 condenados y 642 personas detenidas, en su mayoría bajo arresto domiciliario.
En este escenario, desde la Dirección de Derechos Humanos de La Costa, trabajamos para defender los valores democráticos y evitar que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia sea desmantelado. Entendiendo, que la lucha por los derechos humanos sigue siendo un desafío vigente, una tarea que requiere de unidad y compromiso para resistir los intentos de retroceder hacia las épocas más oscuras de nuestra historia.
