23/08/2023
https://elpais.com/argentina/2023-08-19/la-justicia-argentina-procesa-al-hombre-que-se-apropio-del-nieto-133-restituido-por-abuelas-de-plaza-de-mayo.html
La justicia argentina procesa al hombre que se apropió del nieto 133 restituido por Abuelas de Plaza de Mayo.
El hombre, que tiene cerca de 90 años y era miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, se negó a declarar.
La justicia argentina ha procesado este jueves al apropiador del nieto 133, que nació en cautiverio durante la última dictadura y fue entregado por los militares a un matrimonio a mediados de los setenta. La denuncia fue presentada después de que Abuelas de Plaza de Mayo informara de la restitución el pasado 28 de julio. El juez llamó a declarar al apropiador y el hombre, que tiene cerca de 90 años y era miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires cuando recibió al niño, se negó a declarar –la apropiadora, que era enfermera, ya falleció–. El nieto restituido tiene 46 años y los análisis genéticos confirmaron que es hijo de Cristina Navajas, hoy desaparecida, y Julio Santucho.
La denuncia fue presentada por la unidad fiscal de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, en comunicación con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). En el escrito, se expone que “el nieto 133 fue víctima de la supresión, retención y ocultamiento” de su identidad, que sufrió la “supresión del estado civil” y que en su acta de nacimiento se incurrió en un delito de “falsedad de un documento público”. “Esos tres delitos en un contexto de crímenes de lesa humanidad”, explica a EL PAÍS Emanuel Lovelli, coordinador del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa.
El nieto restituido, cuyo nombre no se ha hecho público, se realizó en abril de este año los análisis genéticos después de acercarse de manera espontánea a Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños que los militares robaron a sus madres detenidas-desaparecidas durante la última dictadura (1976 y 1983). El hombre había sido anotado por sus apropiadores como hijo propio el 24 de marzo de 1977, en el primer aniversario del golpe militar, pero desde joven tuvo dudas sobre su identidad. Una hermana 20 años mayor le confesó que no era hijo de quienes decían ser sus padres y él los enfrentó en dos ocasiones, pero siempre lo negaron.
Los estudios confirmaron que es hijo de Cristina Navajas, detenida en julio de 1976 cuando estaba embarazada, y Julio Santucho, hermano menor del histórico guerrillero argentino Mario Roberto Santucho, fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Tras el secuestro de Cristina, Julio, que en ese momento estaba en el exterior, consiguió sacar a sus dos hijos pequeños del país y empezó un largo exilio. Con los años, y gracias a los testimonios de supervivientes, la familia pudo saber que Cristina pasó por al menos tres centros de detención, donde fue torturada con brutalidad y donde dio a luz a su tercer hijo.
El último fue el Pozo de Banfield, una dependencia de la policía de la provincia de Buenos Aires donde estuvieron detenidas alrededor de 300 víctimas. Hay registro de que alrededor de 30 mujeres embarazadas pasaron por allí y que varios de los nietos restituidos por Abuelas de Plaza de Mayo nacieron en ese lugar. “El Pozo de Banfield fue una maternidad clandestina y por eso no es casual que Cristina haya tenido a su hijo ahí”, señala Lovelli. Desde octubre de 2020 se realiza el juicio por los delitos ocurridos en ese centro clandestino de detención y tortura. La aparición del nieto 133, indica el abogado, “irrumpió en la finalización del juicio”.
Argentina ha impulsado como política de Estado la investigación de las responsabilidades de las Fuerzas Armadas y de seguridad por secuestros, desapariciones forzadas, ejecuciones, torturas y apropiaciones de menores durante la última dictadura, que terminó hace cuatro décadas. En los últimos años, también comenzaron a juzgarse delitos de violencia sexual, por motivación económica, inteligencia y complicidades civiles. Más de 1.180 represores han sido condenados por delitos de lesa humanidad y, actualmente, hay abiertos 17 juicios orales que están a cargo de la justicia federal.
El hombre, que tiene cerca de 90 años y era miembro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, se negó a declarar
