Realidad & Reflexion - La realidad es superior a la idea

03/03/2022

Acto por la paz por el llamado del Papa Fracisco a una jornada de ayuno y oracion

01/03/2022

AVANCES JURISDICCIONALES DE LA JUSTICIA CAPITALINA

Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires merecemos, al igual que los de cualquier otro sujeto de derecho público del sistema federal argentino, que los jueces que intervengan en los delitos ordinarios que se producen en su territorio sean los que por mandato constitucional corresponden, vale decir, los elegidos por su pueblo a través de sus instituciones: el Consejo de la Magistratura y la Legislatura capitalinos. No se trata únicamente de defender una disposición que los constituyentes, superando las más diversas diferencias ideológicas, acordaron y convirtieron en texto constitucional, sino que, por el contrario, se traduce además en múltiples y concretas consecuencias en el modo de abordar la conflictividad criminal en la urbe.
En este contexto, se enmarca la tan reciente como controvertida resolución de la Sala de Feria de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, de fecha 28 de enero de 2022, en el incidente de apelación en autos "o. g., j. c. sobre 84 bis - homicidio por conducción imprudente". Allí se investigó un hecho ocurrido el día 2 de enero de 2022, en el Barrio de Palermo, en el cual un hombre a bordo de un vehículo automotor embistió cinco ciclistas -quienes circulaban por la bicisenda-, para luego darse a la fuga en compañía de otros dos, generando en las víctimas lesiones graves. Posteriomente, una de ellas falleció en el hospital al cual había sido trasladada producto de dichas lesiones.
En efecto, en el caso, el hecho primario que motivó la intervención jurisdiccional de la Ciudad resultó ser uno de los delitos oportunamente transferidos a dicho ámbito (competencia primaria). Con posterioridad, el fallecimiento de una de las víctimas trajo como consecuencia la modificación provisoria de la imputación sostenida por la Fiscalía, en punto a una figura pendiente de transferencia: homicidio con dolo eventual. No obstante ello, por unanimidad y de oficio por tratarse de un asunto de orden público, se resolvió - en lo que aquí respecta-,que debe ser la justicia de la Ciudad quien debe continuar con su tramitación, no obstante la calificación que en definitiva se alcance, y aunque se trate de delitos pendientes de transferencia al fuero local (competencia secundaria). Cabe señalar que en el ámbito del ejido capitalino, la compleja investigación se encontraba avanzada, habiéndose incluso dispuesto la prisión preventiva del imputado, OGJC.
Resulta relevante destacar, asimismo, que se arribó a dicha conclusión pese a que en la instancia anterior la Magistrada de grado a solicitud de la Fiscalía y con el acuerdo de la totalidad de las partes dispuso la incompetencia del fuero local en favor de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, con lo cual devino necesario solicitar a que dicha judicatura se inhiba en el conocimiento de la causa y remita el expediente al fuero de origen. Para así concluir, los camaristas desarrollaron un acabado plexo argumentativo, que incluyó la reseña de los casos “Nisman”; “Corrales” ; “José Mármol 824”; “Bazan” (CSJN), y “Giordano” (TSJ). Recientemente, dicho temperamento fue controvertido por el órgano nacional y, a la fecha, se encuentra trabada la contienda. Será el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad quien deba dilucidar la cuestión. Por lo demás, queda abierto un debate tan apasionante como necesario acerca de si, a fin de cuentas, existen o no “cuestiones de competencia”, o si - por el contrario - como lo sostiene verbigracia el Dr. Marcelo Pablo Vázquez, se trata lisa y llanamente de cuestiones institucionales que retardan la transferencia plena que en derecho corresponde.

Dra.Agustina María del Sol Trovato

22/06/2021

Internet y su influencia en la relación política fundamental
El surgimiento de Internet y sus derivaciones a través de una mayor accesibilidad de los dispositivos tecnológicos, conocidos como Internet de las Cosas; mayor disponibilidad cuantitativa de información y, cualitativamente, acceso a la misma en tiempo real; la aparición y difusión de las redes sociales y su uso social generalizado; el crecimiento exponencial de la Inteligencia Artificial, son algunos de los procesos que vienen modificando la dinámica de los sectores social, económico, político, cultural, de defensa y seguridad en los últimos años.
Dentro de ese amplio espectro, al delimitar el análisis de este fenómeno al sector político, las transformaciones tecnológicas mencionadas han cambiado la forma de hacer política en la relación política fundamental, definida por el binomio mando-obediencia. Dichos cambios son visibles en ambos extremos de dicha relación, con una situación nueva que busca legitimarse a través de mecanismos institucionales que incorporen la nueva realidad signada por la emergencia del cambio tecnológico.
Si se analiza esta cuestión desde el poder político constituido en autoridad, las nuevas tecnologías ofrecen nuevas plataformas administrativas y comunicadoras desde las que ampliar los canales tradicionales que le permiten gestionar la cosa pública en todas sus etapas. Es así que en todo el proceso que va desde la planificación, pasando por la gestación, procesamiento, ejecución, comunicación a la sociedad y hasta el control de gestión de los proyectos y políticas públicos, es factible su realización usando las nuevas tecnologías.
Es decir la digitalización de la función pública incorpora la Internet en los mecanismos burocráticos poniendo al sector público al unísono con el resto de los sectores sociales y
económicos que se encuentran operando en tiempo real merced a dicho factor
tecnológico. Ello se da en un contexto internacional, en el que sus actores operan e interactúan en diverso grado e intensidad valiéndose de dichas tecnologías, igualmente en tiempo real, con un entramado de relaciones de carácter fundamentalmente transnacionales, combinador con estructuras de organización territorial y jerárquica, como los Estados, en un contexto mundial signado aún por las tensiones entre la desorganización típica de la ausencia de una autoridad central internacional y la búsqueda de una convivencia en paz y estabilidad.
Si se considera este fenómeno desde la sociedad civil al interior de cada Estado, se observa que desde hace ya unas décadas merced a las innovaciones tecnológicas se ha ido gestando un creciente mayor acceso a la información. Este fenómeno permite combinar los nuevos instrumentos tecnológicos con los medios tradicionales ya existentes y que aún subsisten. En tal sentido, si bien los cambios en el factor tecnológico facilitan los mecanismos de
participación política, al mismo tiempo, dicho proceso se da aún de un modo
bastante caótico. De tal modo ello es así, que no queda claro que tan eficientemente se transitan instancias claves como el procesamiento de todo ese cúmulo de información;
articulación institucional para la participación ciudadana; uso, abuso y manipulación informativa e ideológica; articulación de la participación ciudadana entre múltiples actores intervinientes y aspectos más técnicos que tienen que ver con la seguridad informática e "higiene digital".
En este escenario la vertiente más importante a mi entender es el cambio cultural que estos procesos implican y que en apariencia se verían subsumidos y hasta ocultos detrás de la emergencia del cambio tecnológico, cuando en realidad el paradigma cultural es independiente del tecnológico. La dificultad que esto conlleva se relacionaría con la devaluación del factor cultural que en realidad se está produciendo, lo que a su vez desencadena o acentúa procesos sistémicos de carácter entrópico de amorfismo axiológico, disfuncionalidad y amputación creativa y la consiguiente desvalorización de la función arquitectónica que le cabe a la política, como la ciencia y arte del bien común para el organismo social.
En tal sentido y para ir concluyendo, considero que la incorporación de los cambios tecnológicos es siempre una decisión política que se relaciona con un concepto de organización socio-política, en cuya base se encuentra el factor cultural. Renegar de ello es desarticular el tejido socio-político, atomizar las voluntades individuales y anárquicas, que cuentan con potentes y accesibles nuevos medios de interacción, comunicación y participación ciudadana. El debate sobre estas cuestiones es una tarea pendiente para las sociedades en los tiempos actuales signados por profundas transformaciones, principalmente en aquellas civilizaciones más nuevas y que han nacido de la amalgama de fuertes encuentros civilizacionales, como la latinoamericana.
Tal debate es básicamente territorial, a contra sensu de los procesos globalizadores que la innovación tecnológica impulsan y acentúan. Renegar, omitir, falsear o postergar el debate estratégico fundamental de lo que una sociedad organizada en Estado fue, es y aspira a ser es declinar la decisión política fundamental, base del edificio institucional y del proyecto de país sobre los que se asienta un pueblo determinado organizado en sociedad política y actor de su destino histórico como nación. El factor tecnológico está llamado a facilitar la organización, implementación y posterior gestión de los debates sociales fundamentales para que de ese modo dicho factor funcione como un medio para fines superiores definidos mancomunadamente y con un sentido social unitivo y ampliamente participativo.

19 JUNIO 2021
RAFAEL ALBERTO PATRIGNANI
DOCTOR EN POLITOLOGIA

09/05/2021

Felicitaciones a Nuestro Presidente Omar Abboud por la Gestión entre la Unión del Papa Francisco y el Gran Imán el jeque Ahmad al-Tayyeb, máxima autoridad del mundo musulmán sunnita

Un nuevo libro revela cómo se tejió una relación fraterna entre el máximo líder de la Iglesia católica y el jeque Ahmad al-Tayyeb, máxima autoridad del mundo musulmán sunnita

18/04/2021

EL DESCONTENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL COMO POSIBILIDAD DE SUPERACION
-ORIENTACIONES HACIA UNA SALIDA PARTICIPATIVA POSIBLE-


It is true, political problems are not solved by love and mercy. But the world of politics is not the only world, and unless political decisions rest on a foundation of something better and higher than politics, they can never do any real good for men (J. Langford)

En mi artículo anterior consideraba que la salida del esta estancamiento actual en que se encuentran los procesos integracionistas en Sudamérica se manifiesta como civilizacional y, como venimos analizando, se producirá cuando desde el interior de las sociedades se produzca tal corriente de opinión que será imposible para el poder establecido ignorar o no atender las demandas sociales, una tal corriente que por su cariz e intensidad será tan vinculante como una institución consagrada por el poder político. En tal sentido, consideraba que mientras antes se orquesten los medios para una participación ciudadana vinculante que permita incorporar en el orden actual tales demandas sociales, más rápido y menos traumático será este proceso.

En el presente escrito me propongo profundizar aspectos referidos a la participación ciudadana y modos para hacerla efectiva y real en el marco de la forma de gobierno democrática y republicana que rige la vida de de estos pueblos, según lo consagrado en las constituciones nacionales. Si bien en un anterior escrito en este blog me referí a esta cuestión, principalmente al referirme a la necesidad de un nuevo contrato social y un ajuste en los sistemas representativos, las definiciones dadas en el mismo no son lo suficientemente concretas y específicas en su adecuación al marco civilizacional sobre el que quiero plantear el debate en Sudamérica, como espacio geopolítico continental en emergencia de una definición y formulación política propia en una coyuntura de quiebre y fragmentación de la globalización imperante.

Dicho espacio geopolítico es el ámbito ideal para plantear las cuestiones que acucian a la sociedad civil en su situación histórica actual, caracterizada por una crisis sistémica y estructural que la actual pandemia no ha hecho más que dejar más al descubierto acerando ciertas variables que se venían comportando de un modo disfuncional al interior de estas sociedades-Estados. Es decir, se trata de redescubrir la especificidad cultural estratégica de este gran espacio sudamericano, que reconoce elementos comunes de integración y unidad en el conjunto de una gran diversidad. Ello permitiría lograr los consensos fundamentales con los que se darán las condiciones políticas para articular los medios para accionar los factores potenciadores de desarrollo, que para esta región identifico en el factor humano vinculado al trabajo y los recursos naturales.

En una etapa de realización de este nuevo concepto político regional, la posibilidad histórica de su cumplimentación depende, a su vez, de la incorporación intensiva del factor tecnológico que, sobre la base de dicho sustrato humano y natural, permita dar un salto cualitativo en estas tierras. El desafío por delante no es menor, ya que la región sudamericana, y latinoamericana en general, desde su génesis ha sido signada por las contradicciones sistémicas; las grietas entre diversos modelos de desarrollo no conciliables entre ellos; crisis cíclicas y recurrentes productos de cuellos de botellas típicos de sociedades estaduales defectuosas y rígidas en su esquema de privilegios; alternancia en el poder de minorías oligárquicas y partidos políticos cooptados por ellas y que por ende se han ido vaciando de contenido y sentido representativo.

Actualmente y merced a los efectos de la pandemia y medidas tomadas por los gobiernos, el descontento social es un patrimonio no solamente de esta región. En realidad las protestas sociales en disconformidad por las demandas insatisfechas por parte de los poderes de turno en las democracias en diversas partes del mundo ya encendían luces de alerta antes del COVID-19. Las medidas de confinamiento decretadas por los gobiernos hicieron que dichas manifestaciones desaparecieran por un tiempo. No obstante ello y ante los efectos negativos de esta nueva situación, las protestas reaparecieron de modo acrecentado hacia fines de la primavera septentrional en diversos países del mundo, primero contra los encierros decretados por los gobiernos, después se sucedieron por motivos económicos, sociales y políticos. Durante el curso del año pasado, sesenta y ocho países tuvieron manifestaciones masivas, con demostraciones de violencia en más de dieciocho países -un importante incremento con relación a 2019.

En dicho cuadro figuran los más variados países, entre los que figuran países de América del Sur. Tomé dicha información del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y el mismo tiene por objeto dar recomendaciones útiles para el gobierno de los Estados Unidos, en este caso dando premisas para actuar a nivel nacional, regional y global para contener posibles desbordes desestabilizadores que pongan en peligro la paz y seguridad.
No obstante ello, la premisa para los gobiernos de América del Sur en un marco republicano-democrático es pensar por ellos mismos en los términos de su perfil civilizatorio las vías para hacer frente a las protestas y manifestaciones de disconformidad de sus sociedades civiles. En tal sentido, el principal dilema organizativo hacia las manifestaciones de disconformidad es de carácter político, de modo que logrando los consensos básicos se podrá logar la estabilidad para el despegue económico-social. Es decir, la primera atención de la organización política imperante es hacia el ser humano en su riqueza productiva, creativa, cultural y civilizacional en la región sudamericana. El primer núcleo duro para construir consensos sobre los que edificar sistemas resilientes es hacia el sector laboral y empresarial, que son los que en conjunto actuarán sobre los recursos naturales e incorporarán en los procesos productivos el factor tecnológico. El capital, de libre circulación, hará pié en donde las condiciones sistémicas le den garantías de retornos conforme sus expectativas.
Por otra parte, las protestas en diversos puntos del mundo hablan de una tensión entre gobiernos constituidos y sociedades que ven reducir sus márgenes de libertad sea por mayores imposiciones en nombre la seguridad, sanitaria desde la pandemia, o por menor disponibilidad de recursos para su desarrollo y crecimiento, lo que también es una reducción de su libertad. Es más, la falta de valores de libertad, está siendo rechazada en un mayor grado dentro de las sociedades civiles de diferentes países y ni las corrientes de centro-izquierda o centro-derecha que, en principio darían una respuesta, han logrado aquietar la desconfianza social imperante. Porque en el fondo lo que se ha instalado es una corriente de opinión prácticamente mundial de profunda desconfianza hacia la dirigencia política constituida, una sensación de sospecha de que el poder persigue objetivos que desequilibran la balanza hacia la seguridad en contra de la libertad, lo que en el fondo es una forma solapada de corrupción por el déficit democrático que ello implica. Por ende, la institucionalización del descontento social plantea una encrucijada al sistema tal como lo conocemos actualmente, lo que afecta no sólo la política doméstica de los países sino también las relaciones internacionales.
En este contexto, en Sudamérica como espacio civilizacional propio la búsqueda de una forma organizacional para las manifestaciones de protesta más o menos espontáneas de la sociedad civil es un desafío a la vez que una oportunidad. Un desafío que al mismo tiempo no es tan grande como en otras regiones del planeta de mayor desarrollo, porque sistémicamente la protesta, el descontento social son datos que ya figuraba en la agenda política desde hace unas décadas. No obstante ello, el riesgo de colapsos sistémicos es a su vez mayor es esta región que en aquellas más desarrolladas. La oportunidad histórica es porque de darse los pasos correctos se podría por fin superar aquellas deficiencias que han impedido un desarrollo estable y de largo plazo.
A esta altura y después de haber leído las más diversas teorías sobre valores fundantes de consensos socio-políticos, la conclusión es que sólo sería posible dirimir esta cuestión con valores meta-políticos. Más aún cuando la desconfianza social es tal, que ni la izquierda, ni la derecha parecen g***r de crédito legitimador suficiente para voltear aquel argumento instalado de que una vez constituidos en poder los hechos no siguen las proclamas políticas. Por lo que el dilema de hierro subsiste y la sociedad civil cede en libertad y derechos supuestamente amparados bajo la forma democrática constituida como legal.
Dicha cuestión está presente aún en las clases dirigentes de países de mayor desarrollo, las que han debido recurrir a mecanismos de auto-defensa, es decir, a una lucha por mantener su posición. Pareciera que hay consensos para superar los niveles de inequidad y la libertad de culto y de puntos de políticos y la libertad de expresión, ello siempre y cuando no vulnere el orden establecido. Sin embargo, los desafíos que implican los descontentos de la sociedad civil, acrecentados con la pandemia, prefiguran debates civilizacionales y de paradigmas socio-políticos ordenadores, lo que ya de por sí es complejo, sea a nivel nacional, regional como internacional.
Es decir, implica una toma de posición, liderazgos esclarecidos y una ingeniería social que permita la participación de múltiples actores. Por sobre todas las cosas, el discernimiento de valores meta-políticos que superen grietas es una instancia superadora del planteo socio-políticos para sentar las bases de crecimientos virtuosos y duraderos. Para Sudamérica esto constituye una emergencia de primer orden, ya que la región no ha logrado ordenar internamente ni regionalmente sus prioridades, procesos de integración y apalancamiento de sectores claves para su inserción internacional.
Sobre este particular, la identidad de este conjunto de países reconoce orígenes comunes, sobre lo que hay abundante literatura. Es en esas raíces donde los valores meta-políticas están presentes. La discusión sobre esta cuestión identataria es viable si se da en las bases, ya que sólo así será auténticamente democrático el proceso. La organización de tal proceso sería desde el Estado, en una gestión signada por una profunda y real desconcentración y descentralización.
Si se refiere este proceso a la Argentina, como país arquetipo de una metafísica telúrica y teleológica de nación concebida en un cruce de Edades y culturas, con una raíz cultural autóctona mediatizada con una aporte europeo de fuerte impronta, se diría con Leonardo Castellani: “El eje permanente de la historia argentina es la pugna entre la tradición hispánica y el liberalismo foráneo, bajo cuyo signo nacimos a la ‘vida libre’”. A partir de dicho planteo, este pensador argentino formuló la necesidad de restauración de un principio de autoridad y de un orden moral justo. A tal fin, el país debía entrar en “la etapa de la inteligencia”, como elemento integrador de la rica inteligencia emocional típica de la vida comunitaria de este país y de la civilización sudamericana. La presencia de un ideal trascendente que cubriera la diferencia entre las diversas tendencias que anidaban en estas tierras que nacen del mestizaje y del aluvión era un elemento clave para la integración en base a elementos formales como la geografía, lengua, religión e historia común. En palabras de Castellani: “toda Nación para existir decentemente debe tener una misión en el mundo, una idea trascendental que realizar, llamada «el ideal nacional», porque así como el hombre no es fin de sí propio, tampoco las naciones” (Decíamos Ayer).
Un debate que plantee estos temas en las bases de la sociedad civil con participación de múltiples actores socio-políticos, económicos y académicos, dirigido desde el Estado sería viable con la formación de una nueva dirección o comité de expertos y planificación dentro de la estructura del Estado. Su trabajo sería supervisado por los Presidentes de las Cámaras Parlamentarias (Diputados y Senadores). La tarea fundamental de esta nueva estructura será la mejora sistémica de la vinculación entre el gobierno y la sociedad civil para el proceso de toma de decisiones de manera de contar con un mejor proceso de retroalimentación. Este cambio significa una transformación de la participación de la sociedad civil en los procesos decisorios gubernamentales, así como organizaciones del tercer sector, empresarios, sindicatos, con aportes en formato de recomendaciones vinculantes para el Poder Legislativo, lo que sería publicado por los canales y medios necesarios para reflejar el carácter de interés común que ellos tendrían.
Esta propuesta a título general requiere mayor elaboración, análisis comparativos con otras experiencias similares y mayor desagregación para el cumplimiento del fin propuesto. El modo de implementación de este esquema participativo sería posible en un esquema de geometría variable, en el que a modo de círculos que se proyectan en espiral se podría ir involucrando de modo progresivo a sectores y actores sociales. Dicho creciente involucramiento socio-político sería a partir de temas de interés común que aglutinarían, en primer lugar, a los más directamente interesados, para pasar seguidamente a más temas convocantes para el interés social.

RAPATRIGNANI.
22 de marzo de 2021.

20/03/2021

LOS ESPACIOS PARA EL DEBATE GEOPOLITICO Y ECONOMICO-SOCIAL EN SUDAMERICA


​“Even if we are spared destruction by war, our lives will have to change if we want to save life from self-destruction. We cannot avoid revising the fundamental definitions of human life and human society. Is it true that man is above everything? Is there no Superior Spirit above him? Is it right that man's life and society's activities have to be determined by material expansion in the first place? Is it permissible to promote such expansion to the detriment of our spiritual integrity?" Alexandr Solzhenitzyn


En el presente artículo quiero retomar la última idea desarrollada en mi anterior escrito, para darle continuidad y tratar de indagar más en profundidad las implicancias de un planteo estratégico donde el debate se dirige progresivamente a la condición más humana de las personas agrupadas en comunidad y organizadas en la sociedad política denominada Estado-nación. El objetivo es el desarrollo de una reflexión realista, de carácter ontológico y axiológico, sobre estos procesos, que posibilite consensos básicos aglutinantes de pensamientos y acciones en la realización histórica del colectivo humano de las naciones de Sudamérica.

A tal fin, voy a copiar los últimos párrafos de dicho escrito para tomar ciertos aspectos como punto de partida de la tesis que pretendo desarrollar en el presente, es decir: El debate político actual, de carácter predominantemente cultural estratégico, es de tal carácter que ante la emergencia de la globalización y su crisis actual, develada gracias a la pandemia del COVID-19, implica un regreso radical al espacio territorial de cada nación como ámbito para llegar a una respuesta acorde al interés de los pueblos que están en la base de todos estos procesos.

“Volviendo al postulado inicial de este escrito, el interés es el comportamiento humano y la relevancia de lograr consensos entre los actores socio-políticos, la sociedad civil y el individuo para que el comando político dirija el todo hacia patrones de bienestar y crecimiento personal en sociedad. Toda transformación en tal sentido vendría de un poder político fuerte, con capacidad de integrar y articular las aspiraciones sociales y darles una respuesta institucional acorde. Ello sólo sería posible de lograrse una ecuación cultural estratégica sobre la que construir consensos, lo que de por sí plantea diversas alternativas organizacionales. Para ir concluyendo me detendré en dos aspectos o condiciones para el logro de dicho cometido.”

“El primer punto se relaciona con la urgencia político-cultural de retornar al secularismo, como garantía de pluralismo y convivencia ordenada, base de la unidad en el seno de la naciones y de ordenada diversidad en la comunidad internacional. Las fuerzas que atentan contra esta sana demanda social no son, como en otros momentos históricos, las religiones, como sí las ideologías de grupos minoritarios que terminan imponiendo agendas a las mayorías, todo ello con fuerte financiamiento de grandes corporaciones y organizaciones internacionales, así como apoyo mediático destacado.”

Por otro lado, (…) “Visiones pseudo-científicas y por ende teñidas de subjetivismo raramente podrían generar respuestas que sean coherentes con la búsqueda social de bienestar y realización del individuo. Más bien dan lugar a divisiones y profundas grietas, como ya se vio en este blog. Justamente, se observa un proceso contrario y reaccionario ante esta avanzada antisecular en países como Rusia y Turquía, donde se dan casos de resurgimiento religioso, lo que los académicos se detienen a estudiar por su influencia unitiva y pluralizadora, más allá de su eventual utilización política. “

Al igual que países como Rusia y Turquía están buscando salidas propias que respondan al ethos e identidad social que está en el substrato de sus dinámicas como naciones-Estado, las naciones de Sudamérica están llamadas a dar un salto histórico en el que el debate sobre su proyección e integración en el concierto de las naciones responda por fin a la idiosincracia, aspiraciones y demandas de los pueblos que reconocen un común origen, lengua, cultura, religión y pobrezas y debilidades propias de procesos de desarrollos históricamente truncos e imperfectos.

Voy a contextualizar la situación con algunas citas tomadas de intervenciones del Secretario General de la ONU, D. Antonio Guterres, quien lanzó un Plan de Acción para los Derechos Humanos semanas previas que la pandemia fuera declarada. Al cumplirse un año de dicho evento, desde dicho organismo internacional se alerta que la mayor crisis internacional en generaciones ha expuesto inequidades y discriminación, con mujeres, minorías, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, entre los más desproporcionadamente afectados. Al mismo tiempo, derechos y sistemas de protección han sido probados, debilitados y hasta aniquilados, y medidas de emergencia durante la pandemia han sido usadas como pretexto para aplastar disidentes o criminalizar libertades básicas. En dicho marco y citando la misma fuente, Guterres expresa: “En construir hacia adelante juntos, tenemos una oportunidad única e histórica para fraguar un mundo donde a cada persona se le permite dignidad; donde cada sociedad puede resistir crisis donde el futuro de todos está construido sobre el fundamento de derechos inalienables.”

Sobre todo esto hemos venido escribiendo en este blog, alertando sobre las posibilidades históricas que se presentan detrás de este hecho disruptivo que se ha presentado a través de una pandemia internacional. Asimismo, hemos llamado la atención sobre el contexto propicio para reformular acuerdos básicos al seno de las sociedades para readecuar los criterios de representatividad política , para dar lugar así lugar a respuestas desde el centro de comando político más acordes a las demandas sociales, como único modo de evitar que las grietas ya presentes entre sectores sociales, económicos, políticos se ahonden y terminen por condenar al fracaso histórico a sociedades enteras.

Similar tipo de debates se plantean en casi todas las sociedades del mundo, aunque en aquellas con mayores necesidades o derechos básicos desatendidos el planteo de estos temas y su resolución es más acuciante, so pena de producir efectos desestabilizadores de carácter doméstico y hasta casi regional. Necesidades sociales irresueltas que se postergan indefinidamente tienen el potencial de producir conflictos y enfrentamientos más o menos espontáneos tal como se vio en diversos países latinoamericanos escaso tiempo atrás. Es ante estas situaciones que grupos ideologizados, algunos constituidos en grupos armados irregulares, tienen la posibilidad de propagar el conflicto social hacia países vecinos, contando para tal fin con fuentes de financiamiento ilegales la mayoría de las veces. La presencia de tales grupos en América Latina es aún una amenaza real, que más se siente en Sudámerica, principalmente en algunos países con problemas de control territorial irresueltos, y que no pocas veces cuentan con apoyo de regímenes políticos de extrema izquierda ubicados en terceros países.

Las poblaciones de esta región, al igual que las de cualquier parte del mundo, aspiran a contar con condiciones para su crecimiento y desarrollo en dignidad, que es de lo que habla Guterres en la cita antes expuesta. En el punto de inflexión histórico actual resuenan diversas voces que hablan de la necesidad de un nuevo pacto social para atender tantas demandas que a lo largo del tiempo no encuentran una respuesta satisfactoria en el sistema político establecido, sobre lo que también hemos hablado en este blog. Sobre esto también se refirió Guterres semanas pasadas en la Reunión Especial del Consejo Económico Social de la ONU (ECOSOC) para investigar las vinculaciones entre racismo, inequidad y desarrollo sostenible, con el foco en la respuesta a la pandemia:

“La crisis global representa una acusación condenatoria de los prejuicios y discriminación sistemáticos”, con tasas de mortalidad de COVID 19 creciendo hasta tres veces más alto para los grupos marginalizados. “ En cuanto nos esforzamos por recuperarnos de la pandemia y construir un mundo mejor, necesitamos forjar un nuevo contratro social basado en la inclusividad y la sustentabilidad (…). Todos los grupos necesitan ver que sus identidades individuales son respetadas, mientras sienten que pertenecen como miembros valiosos de la sociedad como un todo.”

Es así, como llegados a este punto, vuelvo a referirme a la demanda presente en las sociedades de América Latina tendiente a definir un nuevo contrato social, toda vez que la organicidad connatural a una comunidad organizada en sociedad política se ha perdido por la influencia de ideas de otras latitudes que han soplado desde la génesis misma de estas naciones. Como se dijo en anteriores escritos dicha nueva realidad se combinaría con políticas fuertes que abran las puertas a a las facilidades tecnológicas propias de la Era Digital con un efecto actualizador y disparador de las múltiples potencias inutilizadas en esta región. A propósito de esto, también una reciente publicación de The Economist se refirió a este tema: “Latin America needs a new social contract”, en el que se destacan los siguientes postulados:

• “(…) the pandemic has exposed long-standing fragilities. The region’s health-care and social-protection schemes are fragmented and unequal. Its economies have stagnated for the past six years, largely because of low productivity. Political systems are discredited. Citizens are angry. People sense that Latin American democracies cannot carry on like this. The question is how much and how quickly can they change. “
• “For some on the left, a new social contract offers a mirage of turning Latin America into Scandinavia with a snap of an international bureaucrat’s fingers. Others think of a new constitution. In Chile an assembly to write one will be elected in April; it is likely to mandate more state social provision. The left in Peru also wants a new constitution, to give a bigger economic role to the state. Some people on the right fear a slide towards socialism. “
• “The pandemic has highlighted the problem of informality, with workers violating lockdowns to gain their daily subsistence. Reformers argue that all Latin Americans, whatever their status in the labour market, should be eligible for taxpayer-financed unemployment insurance and basic retirement and disability pensions. That would mean reserving contributory financing for top-up insurance and pension schemes. “
• “ Money will be especially tight for the next couple of years, and there are many pressing needs. These include, immediately, rolling out vaccination programmes and getting schools going again. Many countries need to spend more on transport infrastructure and on education. Governments are piling up debts they will have to service. Reformers propose a plan whereby new social-protection measures and taxes and other reforms take effect in, say, three years. “
• “There will be resistance. Take Colombia. “The upper-middle class is saying ‘enough’,” says Sergio Clavijo, a Colombian economist. He notes that the top income-tax rate has gone up steadily (to 39%) and that well-off Colombians pay a wealth tax. He argues for closing loopholes through which the rich avoid taxes and expanding the tax base (only 1m Colombians pay income tax). Both steps will take time. “
• “With legislatures and political parties in disrepute in many countries, a broader public debate is needed to set priorities, bringing together politicians, business people, trade unions and other social and civic groups. One such exercise will start soon in Panama. “If we don’t get people together to discuss the way forward, the alternative is very chaotic, probably with a lot of discontent,” says Mr López-Calva. “This is not easy. But it’s the best way to weather the storm.”

La radiografía del problema coincide en mayor o menor grado con lo escrito por numerosos analistas y con lo que se ha venido publicando en este blog. Tal como se mencionó en la última cita de The Economist, la cuestión pasa por un debate amplio al seno de las sociedades. Dicho debate permitiría generar el ambiente para revisar las raíces de los problemas que acucian estas sociedades, evaluar caminos y cursos de acción e indagar sobre las aspiraciones más recónditas pendientes de respuesta por parte del poder establecido. Un debate tal devolvería a estas sociedades la oportunidad de ver hacia su realidad en el aquí y ahora, es decir, un enfoque territorial sobre el proceso globalizante; un acercamiento a las necesidades concretas por sobre las creadas por las corrientes ideológicas de turno; una aproximación fundacional y claramente nacional y/o regional por sobre ideas de izquierda, derecha o liberales. Es posible que en el actual contexto América Latina tenga su oportunidad histórica de volver a ver por sí misma lo que más conviene a sus orígenes, necesidades y metas de realización como una gran nación unida por diversos elementos que la hacen una espcio único con elementos telúricos y cultuales claramente unitivos de una diversidad rica en contrastes, recursos, potenciales y manifestaciones humanas.

Un concepto y accionar de tal tipo devolvería a esta región la posibilidad de tener una agenda para las mayorías, donde las minorías tendrían su integración en un mosaico abarcador de todas las posibilidades de realización social. El criterio unitivo pasaría por más humanismo, más realismo, más vinculación con la naturaleza común del ser humano, ser social, político y religioso. Por eso, el espacio para el debate que estas sociedades se deben, tema que titula el presente escrito, es la tierra que se ocupa, el espacio geopolítico y económico en que esta sociedades tienden a su desarrollo. Tal espacio se define concretamente en la función que cada individuo tiene en estas sociedades, que es lo más inmediato y real que debe salvar, proteger, promover y hacer crecer para su propio bien y el bien común.

Al respecto, a lo que me estoy refiriendo es a un concepto geopolítico latinoamericano o sudamericano si se quiere, un continentalismo de estas tierras, que clama desde nuestros héroes de la Patria Grande por una manifestación institucional. Dicha posibilidad histórica podrían ser los proyectos integracionistas, que desde décadas vienen gestándose y dando diversos resultados. Podría ser tal la expresión de dicho continentalismo, pero las ideologías de turno sumadas a las penurias económicas, siguen dejando trunca la expresión institucional que hermane a estas naciones en sus realidades históricas y sistémicas. Dicho fenómeno es tal porque aún no hay un ámbito para el intercambio serio de ideas que tiendan a una mayor y más efectiva coordinación de estrategias comunes.

En tal sentido, la salida de este estancamiento se manifiesta como civilizacional y, como venimos analizando, se producirá cuando desde el interior de las sociedades se produzca tal corriente de opinión que será imposible para el poder establecido ignorar o no atender, una tal corriente que por su cariz e intensidad será tan vinculante como una institución consagrada por el poder político. Mientras antes se orquesten los medios para una participación ciudadana vinculante que permita incorporar en el orden actual tales demandas sociales, más rápido y menos traumático será este proceso.

Ya se observa en la comunidad internacional como se da una lucha de dominación entre los Estados por un lugar en el futuro orden. Puesto de otro modo, los Estados luchan por una elección estratégica: en qué activos invertir recursos en orden a recibir dividendos a futuro. Hay países que eligen poder militar (Turquía) o tecnología (Alemania) y otros en ambos (Estados Unidos, China y Rusia) como el activo clave.

Y América Latina o Sudamérica, para limitar más el espacio geopolítico, qué activo elige? Hacia dónde orienta sus fuerzas? Es el debate que se deben estos pueblos como región, no como países aislado, que la masa crítica es poca ante la escala de los cambios y desafíos actuales. De producirse tal debate y en función de lo que vengo tratando en este blog, vaticino que los recursos claves donde esta civilización sudamericana está llamada a “poner la inversión” son, por un lado, el trabajo, que demanda para su cuidado y promoción un enfoque estratégico cultural humanista para su formación integral. En segundo lugar, el otro foco de inversión es el recuso natural como reservorio estratégico de un mundo con crecientes necesidades de tales activos. Ambos puntos son los activos claves de esta región joven, pujante, de fuertes potenciales a aprovechar y proyectar con sentido estratégico e integrador.

El mundo se estaría acercando a un punto de inflexión histórico, en el que los sistemas de balance de poder se están deteriorando progresivamente, sin que las instituciones internacionales creadas en la segunda post-guerra hayan sido capaces de cumplir acabadamente los objetivos para las que fueron creadas. La agudización de estas cuestiones por la actual pandemia ha potenciado la baja legitimidad que implica tal estado de cosas, lo que se suma al rápido avance tecnológico para que la emergencia de respuestas concretas y reales a los problemas actuales sea posible. En esta contexto las naciones sudamericanas están llamadas a actuar en conjunto, con una agenda civilizacional común, metas y propuestas que respondan a los intereses de estos pueblos.


RAPATRIGNANI
28 FEBRERO 2021.