07/08/2026
LA IA Y EL DERECHO
Un abogado en Lima ha presentado más de mil escritos en un solo día. El propio abogado sostiene que ello fue posible gracias al uso de herramientas de inteligencia artificial, haciendo ostentación del dominio que posee sobre estas nuevas tecnologías.
Hace aproximadamente veinte años, los Juzgados de Paz Letrados se vieron colmados por demandas promovidas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El volumen de dichos procesos era tan elevado que llegó a representar cerca del 85 % del ingreso de expedientes y de la carga jurisdiccional de esos despachos.
En la actualidad, los órganos jurisdiccionales emplean modelos, plantillas y formatos estandarizados para la elaboración de miles de resoluciones y actuaciones procesales. Muchos expedientes presentan una estructura prácticamente idéntica, diferenciándose únicamente por el nombre de las partes y algunos datos específicos. Como consecuencia de esta dinámica, no resulta extraño que jueces y fiscales suscriban diariamente un número considerable de resoluciones y escritos, confiando en el trabajo previo realizado por secretarios o asistentes jurisdiccionales y esperando que no se produzcan errores de trascendencia.
Se trata, en buena medida, de una justicia industrializada, en la que el acusado, el demandado o incluso el sentenciado corren el riesgo de convertirse únicamente en un número más dentro de un sistema orientado a la producción masiva de decisiones.
Ninguno de estos tres supuestos puede considerarse plenamente compatible con los principios éticos que deben regir la administración de justicia. Su normalización termina produciendo un progresivo deterioro institucional y afecta la calidad del servicio de justicia que el Estado está obligado a garantizar.
Ninguna persona razonable podría considerar aceptable la presentación de escritos en cantidades industriales ni asumir que un profesional, por más experimentado o competente que sea, pueda elaborar de manera individual semejante volumen de documentos en un solo día. Una situación de esa naturaleza no solo compromete la calidad del trabajo jurídico, sino que también puede contribuir a la sobrecarga y eventual colapso del sistema de administración de justicia.
Las producciones cinematográficas de corte futurista muestran con frecuencia máquinas capaces de resolver complejos conflictos jurídicos y éticos. En ese contexto, observar cómo herramientas como ChatGPT generan respuestas con aparente autoridad frente a problemas profundamente humanos debe motivar una reflexión seria. Más que generar alarma, ello exige impulsar un marco regulatorio que establezca criterios claros de transparencia, supervisión y responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial dentro del ámbito jurídico.
Actualmente, el Perú cuenta con la Ley N.° 31814 y su reglamento, normas que constituyen un primer esfuerzo regulatorio en materia de inteligencia artificial. Sin embargo, la velocidad con la que esta tecnología ha evolucionado en apenas dos años ha superado ampliamente el ritmo de la regulación. Su masificación ha transformado significativamente la forma en que se elaboran escritos judiciales, demandas, denuncias e incluso proyectos de resoluciones, muchas veces sin mecanismos efectivos de control, verificación o transparencia respecto de su utilización.
Como alternativa, podría evaluarse la implementación de herramientas tecnológicas destinadas a identificar documentos elaborados total o parcialmente mediante inteligencia artificial, estableciendo la obligación de declarar su utilización y regulando sus efectos procesales cuando corresponda. Una medida de esta naturaleza desincentivaría el uso indiscriminado de estas herramientas con fines de producción masiva de escritos y contribuiría a preservar la calidad técnica y humana que exige el ejercicio de la abogacía y la función jurisdiccional. Asimismo, incentivaría a las empresas desarrolladoras de sistemas de inteligencia artificial a asumir mayores estándares de responsabilidad en aquellos ámbitos donde están comprometidos derechos fundamentales y el interés público.
Es posible que, en un futuro, los sistemas de inteligencia artificial lleguen a desempeñar funciones cada vez más relevantes en la administración de justicia. No obstante, el desafío actual consiste en asegurar que su desarrollo y utilización permanezcan siempre bajo el control del ser humano y orientados por los principios de dignidad, proporcionalidad, razonabilidad y respeto por los derechos fundamentales. El progreso tecnológico solo será legítimo si avanza de la mano de la humanidad y nunca en sustitución de los valores que sustentan la justicia.
James Fernandez
UNMSM
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