12/06/2026
EL DINERO PÚBLICO, PARA LA ESCUELA PÚBLICA.
La educación concertada es una de esas anomalías que, de tanto repetirse, han acabado pareciendo normales. Se nos dice que es pública porque recibe dinero público, pero es privada porque la gestionan entidades privadas. Una curiosa pirueta política que solo funciona cuando se trata de justificar que los recursos de todos terminen financiando intereses particulares.
El argumento estrella de sus defensores es la llamada "libertad de elección". Traducido al castellano corriente: que el conjunto de la sociedad pague opciones privadas. Nadie discute que una familia tenga derecho a elegir un colegio religioso, cooperativo o de cualquier otra orientación. Lo que resulta difícil de justificar es por qué esa decisión debe financiarse con los impuestos de quienes no la comparten.
La educación pública existe para garantizar un derecho. La concertada existe para subvencionar una elección.
El caso de la concertada religiosa resulta especialmente escandaloso. Durante décadas, millones de euros públicos han servido para sostener centros vinculados a organizaciones confesionales que transmiten una visión particular del mundo. Cada cual es libre de profesar la religión que considere oportuna. Lo que no debería ocurrir es que el conjunto de la sociedad financie esa actividad. Si una confesión religiosa desea mantener una red educativa propia, que la sostenga con los recursos de sus fieles y simpatizantes, igual que cualquier otra organización privada.
Pero el problema no desaparece aunque retiremos los crucifijos de las paredes. Incluso si mañana toda la enseñanza concertada fuese laica, racionalista y pedagógicamente excelente, seguiría existiendo la misma cuestión de fondo: ¿por qué financiar con dinero público centros privados? El debate no gira alrededor del contenido ideológico de esos centros, sino de un principio mucho más sencillo. Los recursos colectivos deben servir para fortalecer lo común, no para sostener estructuras privadas.
A menudo se afirma que la concertada sale más barata. También sale más barato un hospital que seleccione solo a pacientes sanos. La escuela pública escolariza a todo el mundo: alumnado con necesidades educativas especiales, familias con menos recursos, menores recién llegados y realidades sociales complejas de toda clase. Esa es precisamente su función. La educación pública no existe para competir en un mercado, sino para garantizar un derecho universal sin discriminaciones ni filtros económicos encubiertos.
Porque esos filtros existen. Cuotas supuestamente voluntarias, actividades de pago, barreras económicas indirectas y mecanismos de selección más o menos disimulados han contribuido durante años a consolidar una doble red educativa donde unos centros concentran determinados perfiles sociales mientras otros asumen la diversidad completa de la población. Luego se habla de igualdad de oportunidades mientras se financia con dinero público un sistema que favorece la segregación. No deja de tener cierta ironía.
Desde una perspectiva de transformación social, la escuela pública es mucho más que un servicio. Es uno de los pocos espacios donde pueden convivir personas de distintos barrios, orígenes, creencias y condiciones económicas. Allí coinciden los hijos de quien llega justo a fin de mes y los de quien vive con más holgura. Esa mezcla no es un problema que haya que corregir. Es una de las bases de una sociedad más igualitaria y cohesionada.
Por eso la posición histórica de la CNT ha sido clara. Un centro privado no se convierte en público porque reciba subvenciones. Los conciertos educativos constituyen una forma de privatización sostenida con fondos públicos que debilita la enseñanza pública y desvía recursos que deberían destinarse íntegramente a ella. La apuesta debe ser una red pública fuerte, universal, laica, inclusiva y participada por la comunidad educativa, no un sistema dual donde lo común financia intereses particulares.
La cuestión, en el fondo, es bastante simple. Cada euro destinado a la concertada es un euro que no se invierte en reducir ratios, mejorar instalaciones, contratar profesorado o ampliar recursos en la escuela pública. El dinero público debe ir íntegramente a la educación pública. Quien quiera educación privada, religiosa o laica, está en su derecho. Lo que no tiene derecho es a pasar la factura al resto de la sociedad. Porque los derechos colectivos se sostienen entre todos. Los proyectos privados, no.
